Manual práctico sobre la ejecución penal

Si es cierto que la respuesta carcelaria no es la única, y no debe serlo, también lo es que, si se apuesta por medidas alternativas a la prisión, ello se debe hacer bajo la filosofía de la efectiva ejecución de lo acordado por el juez penal. En caso contrario, todo quedará como una intención expuesta o plasmada en un papel, que no conllevará el ingreso en prisión del penado. Ni que decir tiene que desde el punto de vista de las víctimas resulta descorazonador que tras haber puesto una denuncia, y celebrado juicio oral, se dicte una sentencia condenatoria y se suspenda la ejecución de la pena sin más. La posición de la víctima en el proceso penal no debe enfocarse como la concepción de una mera declaración de un testigo. La víctima tiene que comprobar que el Estado de Derecho dispone de recursos, y los pone en marcha, para, en el caso de que se acuerde la suspensión de la ejecución de la pena, que ésta se complemente con programas formativos o de reeducación y se obligue al penado a realizar determinadas actividades resocializadoras que cumplan el fin contemplado en la Constitución. Además, se completa la obra con un repertorio de jurisprudencia sistemática por preceptos, actualizada a las últimas resoluciones dictadas en materia de medidas alternativas a la prisión, que asciende a ochenta autos y sentencias que resuelven los problemas que se suscitan en la parte teórico-práctica del manual, y una relación de veinticuatro formularios aplicables a lo que constituye el objeto del estudio.