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CURIOSIDADES

La importancia del pro bono en el Derecho

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Cristina García Bermejo. Estudiante en prácticas en la Fundación Fernando Pombo, cursando el Máster de Acceso a la Abogacía y la Procura en la Universidad Pontificia Comillas, en la especialización de derecho público. Graduada en Derecho y Relaciones Internacionales.

  • ¿Qué es la actividad pro bono?

El pro bono, del latín «para el bien público», es aquella actividad solidaria dirigida a los colectivos vulnerables más desfavorecidos, lo que no debe confundirse con la asistencia jurídica gratuita, que ya queda cubierta por nuestro ordenamiento jurídico.

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Siguiendo la definición de la Fundación Pro Bono España, son aquellos «servicios voluntarios y de carácter jurídico prestados por profesionales del Derecho a las entidades sin ánimo de lucro que tienen necesidades legales pero no pueden destinar recursos propios para resolverlas». Precisamente en esta definición se deja entrever su importancia, debido a que la mayoría de las veces, estas entidades sin ánimo de lucro carecen de los suficientes medios para ofrecer el asesoramiento legal que se necesitaría debido a su alto coste.

 

  • El pro bono en el derecho comparado

El pro bono en el derecho comparado, especialmente en los lugares en los que rige el common law, es una actividad mucho más extendida que en Europa continental, lo que se debe principalmente a la existencia de la asistencia jurídica gratuita en países como España.

Por ejemplo, en Estados Unidos, donde la asistencia jurídica gratuita no tiene esa presencia, se institucionalizó el trabajo pro bono ya en los años 60, llegando a un boom de clearinghouses en los 80-90, que se estabiliza y especializa a partir de los 2000. De otro modo, es en los 90-2000 cuando comienza el trabajo pro bono en Europa continental, y sin llegar a producirse un boom, desde el 2005 a la actualidad, comienzan a desarrollarse y especializarse las clearinghouses como Pro Bono Deutschland en 2011 en Alemania, Pro Bono Italia en 2017, o la propia Fundación Pro Bono España en 2018.

 

  • ¿Qué es una clearinghouse?

Una clearinghouse es un centro de coordinación que actúa como intermediario entre el tercer sector y los juristas con capacidad para asesorar en los asuntos. Aparte, una clearinghouse tiene como misión fomentar el pro bono, y divulgar tanto a los juristas su función social como a las entidades sociales y colectivos las soluciones jurídicas.

 

  • Principales desafíos de la actividad pro bono

 

El tiempo

El tiempo es uno de los factores principales que entorpecen la actividad pro bono, debido a que es una actividad paralela al ejercicio remunerado de los juristas; y teniendo en cuenta la gran carga de trabajo, es complicado encontrar el equilibrio y las horas de dedicación al pro bono, que no son horas facturables. A modo de solución, aparecen las clínicas jurídicas de las distintas universidades, cuyos alumnos voluntarios, bajo la tutoría y supervisión tanto de la propia universidad, como del abogado/a pro bono en cuestión, pueden ser capaces de gestionar el bruto del trabajo documental para conseguir así movilizar los proyectos, salvando de esta forma la falta de tiempo.

 

Los recursos

Los recursos jurídicos de las organizaciones no gubernamentales suelen ser más limitados, razón por la cual, necesitan externalizar la actividad pro bono a despachos y/o a abogados, lo que hace también que el proceso de asistencia jurídica se alargue. Pese a ello, existen las clearinghouses, las cuales ponen en contacto a estas organizaciones con la oferta del sector legal, que se puede resumir en: universidades, despachos de abogados, departamentos jurídicos de las empresas y colegios de abogados.

 

Desafíos específicos de las clearinghouses

Las clearinghouses a día de hoy, y especialmente en Europa continental, se enfrentan a desafíos específicos, lo que hace que el reto sea mayor y que se necesite más apoyo y desarrollo de las mismas. Principalmente, las clearinghouses tienen que salvar las diferencias entre la oferta —que son los despachos, colegios de abogados, universidades y centros de estudios, departamentos jurídicos de las empresas, abogados a título individual y plataformas pro bono— y la demanda —que son las fundaciones, las cooperativas y mutualidades, los colectivos vulnerables, las ONGs, las asociaciones y diversas entidades sociales.

Las clearinghouses existentes, como la Fundación Pro Bono España, tienen capacidad, pero pese a ello, en España están presentes un número muy reducido para la demanda existente. Aparte, el trabajo pro bono está muy enfocado al mundo de la abogacía, en especial al del gran despacho, existiendo el potencial de abrirlo a cualquier tipo de jurista.

 

False friends

Uno de los mayores desafíos, es la lucha contra la desinformación y contra el mal uso de la terminología correcta, lo cual desvirtúa y provoca el desconocimiento de la actividad. Esto es debido a que comúnmente se denomina de manera indistinta a la actividad pro bono propiamente definida, y a: servicios a amigos/familiares, consultas o servicios impagados, el low bono (que es la reducción de las barreras de entrada al asesoramiento legal a los colectivos vulnerables), la actividad social propia de Colegios de Abogados (AJG y SOJ), los criterios ESG (environmental, social and governance), o las donaciones a entidades.

 

  • Conclusiones

El pro bono es una actividad sumamente importante en el derecho, debido a que va intrínsecamente asociada a la función social del jurista, especialmente a la del abogado como impulsor de la resolución de los problemas sociales. Es por ello que es vital que se le destinen más recursos y se le dé más visibilidad para que pueda tener un mayor arraigo en Europa continental. Pese a ello, los últimos avances merecen reconocimiento, debido a que figuras como Fundación Fernando Pombo, Fundación Pro Bono España, Clínicas Jurídicas en las Universidades y los Colegios de Abogados, posicionan al pro bono en el sector y le dan visibilidad.

Es relevante tener en cuenta que pese a los últimos avances, todavía hay mucho espacio de mejora, lo que se puede conseguir con (i) una mayor implicación de los juristas, (ii) la optimización de los recursos y reducción de las tareas burocráticas, (iii) una mayor comunicación entre las partes mediante la figura de la clearinghouse, (iv) un seguimiento y una mayor responsabilidad respecto de los resultados,  y (v) la implementación de un mayor número de políticas pro bono en la profesión legal, especialmente en las empresas.

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